Los Riesgos Profesionales en Colombia

Tuesday, February 21, 2006

El VIACRUCIS DE UNA CALIFICACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Una de las grandes falencias del Sistema Integral de Riesgos Profesionales es la calificación a la que se debe someter un trabajador accidentado o que padezca una enfermedad, para que la Administradora de Riesgos Profesionales le reconozca el origen profesional del evento, y de esta forma pueda el trabajador acceder a las prestaciones asistenciales y económicas que se derive del porcentaje de perdida de capacidad laboral que obtenga de dicha calificación.

Cuando un trabajador sufre un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional (ATEP), el empleador esta en la obligación de reportar la novedad a la ARP dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al suceso, pero como el sistema esta administrado por las compañías aseguradoras, lo que sucede normalmente es que niegan el evento como de origen profesional; entonces el trabajador debe acudir a la Institución Prestadora de Salud (IPS), para que esta por intermedio de un grupo interdisciplinario califique en primera instancia el origen del accidente o la enfermedad. Mientras tanto el trabajador debe continuar su tratamiento con la Empresa Prestadora de Salud (EPS), con todos los inconvenientes que este sistema presenta, y las raquíticas prestaciones asistenciales que ofrece a través del famoso Plan Obligatorio de Salud (POS). Si el trabajador manifiesta su inconformismo con la calificación del origen que emitió la IPS, la ARP deberá calificar en segunda instancia el origen del ATEP que sufrió el trabajador, por supuesto también debe hacerlo el grupo interdisciplinario que debe tener cada ARP y que dicho sea, la mayoría de ARPs no cumplen con la implementación del famoso grupo interdisciplinario de que trata el artículo 5 del Decreto 2463 de 2001; sino que tienen un médico que califica el origen según su criterio, o en muchos casos las administradoras del sistema envían al trabajador a médicos particulares para que los califiquen.

Pero no perdamos de vista nuestro tema central, ya que hasta el párrafo anterior teníamos dos instancias para únicamente calificar el origen de un ATEP. No conformes con semejante sistema tan enredado, si el trabajador persiste en su inconformismo con la calificación, la IPS y la ARP de acuerdo con las normas del Decreto 2463 de 2001, deben conformar un grupo mixto interdisciplinario; para que este resuelva el origen del accidente o la enfermedad profesional. Y hasta aquí, tres, sí, tres instancias, que fácilmente en el tiempo pueden transcurrir entre seis meses a un año, únicamente para definir origen , sin que hallamos hablado de fecha de estructuración o perdida de capacidad laboral.

Ahora bien, si el trabajador continua con su inconformismo por la calificación de origen común que le otorgó el grupo mixto interdisciplinario de la ARP y la IPS, entonces debe acudir a la JUNTA REGIONAL DE CLALIFICACION DE INVALIDEZ, para que ésta se pronuncie sobre el origen del ATEP; y fácilmente y sin temor a equivocarme podemos hablar en tiempo de calificación en esta instancia, entre seis meses y un año, que sumados al tiempo anterior, llevamos mal contados dos años únicamente para que se califique el origen.

Pero como si fuera poco, el dictamen de la Junta Regional que no es el definitivo ni mucho menos, es susceptible de ser apelado por el trabajador o la ARP en caso de que el dictamen no favorezca los intereses de las partes, entonces acudiremos en última instancia a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION, para que esta de forma definitiva se pronuncie sobre el origen del ATEP, y allí sí que ni hablar del tiempo de calificación, si bien le va al trabajador, obtendrá una respuesta según turno y que por aquellas casualidades de la vida no se pierda la carpeta que contiene su expediente. Afortunadamente con el cambio de los miembros de las Juntas de Calificación, a algún genio del Ministerio de la Protección Social se le ocurrió la brillante idea de crear otra sala de decisión, haber si al fin algún día esta Junta Nacional da pie con bola. Así las cosas, hasta aquí llevamos cinco instancias, únicamente para que se determine el origen del evento; pero lo mas grave del asunto es que el trabajador se ve abocado a que la EPS le brinde los tratamientos como si se tratara de una enfermedad o accidente de origen común, con el agravante que únicamente puede recibir los limitados tratamientos que permite el POS, que son totalmente diferentes de los que les puede ofrecer el Sistema de Riesgos Profesionales; ya que éste le permite acceder al 100% del valor de los tratamientos que requiera.

En todo caso el Pronunciamiento de la Junta Nacional de Calificación, tampoco es la última palabra, y por supuesto el dictamen que emite este ente, no hace transito a cosa Juzgada, y las ARP se lo pasan por la galleta e ignoran intencionalmente lo que la ley indica que es de obligatorio cumplimiento; entonces el trabajador o la ARP tienen la posibilidad de que el conflicto del origen lo dirima la Justicia Laboral ordinaria, por supuesto con todas las instancias y posibilidades jurídicas que ofrece el Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social; entonces podemos decir que en caso de duda de una ATEP, el trabajador debe armarse de mucha, muchísima paciencia, y esperar mal que bien algo así como seis años para que le definan el origen de un ATEP.

Definitivamente cada ves estoy mas convencido que el proceso de calificación de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que describe el Decreto 2463 de 2001, esta muy mal concebido, ya que atropella sin misericordia a los trabajadores que sufren un ATEP, no solamente por la impotencia del trabajador de someterse a semejante proceso, si no porque las aseguradoras utilizan su posición dominante, para fatigar al trabajador con estos procesos, con el fin que este desista de la posibilidad que su accidente o enfermedad sea reconocido como de origen laboral.

Insisto en mi propuesta de terminar con este sistema de calificación y con las mal llamadas Juntas de Calificación de Invalidez, para darle vida jurídica a un ente serio, con vida jurídica propia, autonomía, financiera y económica, con personería jurídica, que tenga las suficientes herramientas jurídicas que le permitan meter en cintura los abusos de las ARP y se les pueda sancionar administrativa y económicamente; y que los dictámenes que emita sean de obligatorio cumplimiento. Por que no pensar en grupos Interdisciplinarios que dependan directamente de Medicina Legal, que sus miembros sean susceptibles de obligaciones y deberes, y que en caso de alguna falla comprobada, se les pueda imputar la responsabilidad civil administrativa y penal; ya que con lo que tenemos ahora resulta lesivo y poco serio para los trabajadores.

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